Historia de Chile Período 1958 / 2002 © Adolfo Pardo Artículo preparado para "La Gran Enciclopedia de Chile", por encargo de Editorial Océano
	Jorge Alessandri Rodríguez Presidente de Chile entre 1958 y 1964

Del "Frente Democrático" a la "Unidad Popular" (1958-1973)

1.- ¡A Usted lo Necesito!
     Las elecciones de 1958

En septiembre de 1958, tras el fracaso del segundo gobierno del General Carlos Ibáñez del Campo, gana con un estrecho margen las elecciones presidenciales el entonces senador independiente por Santiago Jorge Alessandri Rodríguez. Su candidatura había sido levantada por la derecha agrupada en el FRENTE DEMOCRÁTICO, formado por los partidos Conservador, Liberal y disidentes del Partido Radical, agrupación política que comenzaba a declinar.

Jorge Alessandri Rodríguez era hijo del ex presidente Arturo Alessandri Palma y sería motejado como "El Paleta", sobrenombre derivado de la expresión chilena "paleteado", con que se denominaba a quienes se preocupaban de los demás o a los que eran buenos amigos. Chapado a la antigua, Alessandri, nacido en 1896, era un ingeniero de reconocida seriedad, honradez y capacidad. Había sido ministro de hacienda durante el período de Gabriel González Videla y electo diputado en 1926, y senador de la República en 1956, y había sido presidente de una de las principales empresas del país: la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, más conocida como "La Papelera" que, entre otras cosas, debía su importancia al echo de que abastecía de papel a todos los medios de prensa. Alessandri permaneció soltero toda su vida y vivía solo a pocas cuadras de La Moneda, el palacio presidencial, hasta donde se dirigía diariamente caminando con su característica bufanda y abrigo hasta las canillas.

En la votación de 1958 obtuvo el segundo lugar Salvador Allende (ver +), quien dos elecciones más tarde alcanzaría la Moneda. Socialista, Allende encabezaba al creciente FRENTE DE ACCIÓN POPULAR (FRAP), formado por los partidos Socialista de Chile, Democrático Nacional, Comunista, Socialista Popular, Democrático, y del Trabajo. Los otros candidatos fueron Luis Bossay, por el Partido Radical, y Antonio Zamorano, sacerdote católico, conocido como "el Cura de Catapilco", sobre quien se dice que fue apoyado por cierto sector del Partido Comunista y también que su candidatura habría sido financiada por la derecha para restarle votos al candidato socialista, debido a que la mayoría de sus votantes serían de tendencia izquierdista. De echo, si los votos de Zamorano hubieran sido para Allende, éste habría ganado esa elección. El resultado de los escrutinios fue el siguiente:

Elecciones presidenciales de 1958
Candidato	Agrupación política	Votos	Porcentaje
Jorge Alessandri	Frente Democrático	389.909	31,6%
Salvador Allende	FRAP	356.493	28,9%
Eduardo Frei M.	Falange Nacional	255.769	20,7%
Luis Bossay	Partido Radical	192.077	15,5%
Antonio Zamorano	-	041.304	3,3%
Abstención		274.552

Un dato no cuantificable, pero que con seguridad influyó en el triunfo de Alessandri, fue el afiche emblemático de su candidatura, inspirado en el famoso afiche con que el "tío Sam" llamara a los estadounidenses a enrolarse cuando ese país entrara a la Segunda Guerra Mundial. En este caso aparecía "el Paleta" mirando y apuntando con el índice hacia la cámara y bajo su imagen el slogan "a usted lo necesito".

1-1.- El gobierno de Jorge Alessandri
En el plano económico el programa de Alessandri apuntaba a frenar la inflación —desbocada durante el período precedente y que el año 59 llegó al 33%— y estaba centrado en los siguientes puntos: aumento de la inversión en obras públicas, vivienda, agro e industria; incremento de la producción y restricción a los reajustes salariales. Para financiar este programa se recurrió a créditos externos, especialmente aquellos en el marco de la "Alianza para el Progreso", impulsada por el Presidente de los EE.UU., John F. Kennedy frente al avance del socialismo en Latinoamérica. Para la Derecha el objetvo político de ese gobierno era recuperar una cierta tranquilidad indispensable para la industria y el latifundio, o al menos poner coto a una fuerte efervencencia social en aumento desde los años 50 y alimentada por las ideas y expectativas de inspiración marxista, difundidas por el FRAP y los sectores más exaltados de la entonces recién formada y pujante Democracia Cristina. Conviene recordar que el año 1959 Fidel Castro derroca al dictador cubano Fulgencio Batista y los ideales revolucionarios cobran mucha fuerza en toda Latinoamérica y encienden la mentalidad de los estudiantes e intelectuales chilenos. Paralela y progresivamente se está produciendo una masiva emigración de campesinos hacia la ciudad, especialemte hacia Santiago, dando lugar a populosos campamentos miserables a las afueras de la capital. Las llamadas "poblaciones callampas".

El ministro de Hacienda Roberto Vergara asumió las carteras de Economía y Minería e implementa una política de estabilización de precios y salarios, incluyendo una reforma monetaria: el Peso fue reemplazado por el Escudo y durante dos años la moneda gozó de estabilidad cambiaria frente al dólar estadounidense.

Las medidas económicas implementadas por el gobierno de Alessandri hicieron posible que en 1960 la inflación bajara al 5,4%. Pero, según algunos historiadores, los especulaciones económicas terminaron por alterar el equilibrio y el gobierno se vió obligado a devaluar la moneda, relanzándose la inflación. Contribuyó significativamente a estos resultados adversos un imprevisto digno de mención. El 21 de mayo de 1960 sacudió la zona Sur del país el terremoto más violento de la historia de Chile, seguido de un maremoto. Las provincias de Ñuble, Concepción y Arauco fueron las más afectadas hasta que una fuertísima réplica remeció a las provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue y la isla grande de Chiloé. El puerto de Corral, en la costa de Valdivia, fue inundado por las aguas y gran parte de ese litoral se hundió alrededor de un metro. Este cataclismo afectó seriamente la actividad productiva de una extensa zona. De echo los pueblo de San Pedro, Calle Calle y la ciudad de Valdivia estuvieron a punto de desaparecer cuando un cerro se derrumbó sobre el desagüe natural del lago Riñigue, formando una gigantesca represa que, a medida que subían las aguas producto de las torrenciales lluvias, amenazaba desplomarse dejando escapar un torrente de proporciones dantescas.

Los dos sismos sucesivos afectaron regiones densamente pobladas, sobrecogieron al ánimo de la población y, naturalmente, afectaron seriamente la agenda nacional.

En 1960 el gobierno creó el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que permitiría afrontar los desastres de estos cataclismos. Las dificultades en la balanza de pagos, el excesivo endeudamiento externo, producto de los créditos que financiaron gran parte de las obras gubernamentales, y el drástico descenso de las reservas de divisas —provocado no sólo por el terremoto, sino también por el retiro de los depósitos de la empresa privada— obligaron al gobierno a devaluar el escudo, en un esfuerzo por detener el alza inflacionaria que se había desatado nuevamente.

Para tratar de frenar la cesantía se abrieron créditos para la industria y en particular para la industria pesquera, en el Norte del país, con el fin de reimpulsar el puerto de Iquique y de esta manera compensar las bajas laborales producidas por el cierre en esa misma zona de algunas Oficinas Salitreras. Además se impulsó el desarrollo de la industria petrolera en el extremo Sur y al final del mandato de Alessandri la extracciones nacionales satisfacían alrededor del 75% de las necesidades del país.

1-2.- Política agraria
El gobierno de Alessandri incentivó la producción agrícola, entre otros motivos, en un esfuerzo por detener el proceso migratorio del campesinado. Con este fin promulgó, en 1962, la ley 15.020 de Reforma Agraria para modificar la tenencia de la tierra por medio de expropiaciones y subdivisión de grandes extensiones inexplotadas o deficientemente explotadas, para ser entregadas en arriendo a los campesinos, dejando a los propietarios 80 has. de riego. Por esta misma ley se crearon tres dependencias estatales: Corporación de Reforma Agraria (CORA), el Consejo Superior de Fomento Agropecuario y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), cuya función era regular la puesta en marcha de la reforma agraria y otorgar créditos agrícolas. Si bien la oposición de izquierda objetó que el proceso de implementación de esta ley fue lento, al final del mandato de Alessandri se habían entregado en arriendo aproximadamente 3 millones de hectáreas.

En 1962 el país se dió un respiro, entre el 30 de mayo al 17 de junio (pleno invierno), para disfrutar del Campeonato Mundial de Fútbol, copa Jules Rimet, jugado por primera y única vez en Santiago y otras ciudaddes de Chile y en cuya organización se destacaron entre otros los dirigentes Juan Pinto Durán y el muy elogiado Carlos Dittborn, presidente del Comité Pro Mundial. La selección chilena obtuvo el tercer lugar, Checoeslovaquia el segundo y la selección Brasileña el primero, por segundo vez consecutiva, con Garrincha y Edson Arantes do Nascimento, Pelé, entre sus filas. Durante este evento comenzó a difundirse en Chile la televisión, en blanco y negro, cuyos primeros pasos los diera el Canal 5 de la Universidad Católica de Valparaíso.

1-3.- Problemas fronterizos con países limítrofes
A raiz de las aspiraciones Bolivianas para conseguir una salida soberana al Pacífico y del aprovechamiento de Chile de las aguas del Río Lauca, que nace en Chile y luego corre hacia Bolivia, se rompieron las relaciones diplomáticas con ese país. Por su parte, Argentina reclamó soberanía sobre tres islas situadas el Sur del Canal Beagle. Como no pudo llegarse a un acuerdo, esta disputa fue sometida al arbitraje de la Corona Británica, la que falló en favor de la tesis chilena. Esta decisión fue desconocida por Argentina y se debió recurrir a la mediación de la Santa Sede, quien comisionó al Cardenal Antonio Samoré lográndose un tratado de paz y amistad que fue firmado recién en 1984.

1-4.- Logros y fracasos de la administración de Alessandri
Durante ese gobierno se llevaron a cabo numerosas e importantes obras públicas. Entre las más significativas destaca el mejoramiento y electrificación del ferrocarril hacia el Sur y el término de la pavimentación de la Carretera Panamericana (una pista por sentido), entre las ciudades de Arica, al extremo Norte, y Puerto Montt, a 1.000 Km al Sur de Santiago (3.235 Km en total) y la habilitación de un transbordador para cruzar el Canal Chacao que separa al continente de la Isla Grande de Chiloé.

En cuanto a la enseñanza, el gobierno entregó un total de 1.000 nuevas escuelas primarias y aumentó en un 1.000.000 m2 la superficie destinada a la instrucción pública; estableció mejoras en la alimentación escolar, logrando que un 77% de los estudiantes de escuelas públicas y privadas recibieran desayuno y un 35%, almuerzo.

En el área social, se impulsó el ahorro mediante la creación de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo y a través de la Corporación de la Vivienda (CORVI), las Cajas de Previsión y el Instituto de la Vivienda Rural. Entre 1959 y 1963, el gobierno entregó 130.000 nuevas viviendas, cumpliendo su promesa electoral.

Pero durante el período de Alessandri no se produjeron ajustes salariales que permitieran a los trabajadores compensar la inflación. Esto le costó al gobierno no sólo críticas de sus antiguos aliados, sino también un creciente descontento expresado en la férrea oposición de los sindicatos, agrupados en la poderosa Central Unica de Trabajadores (CUT), presidida por el abnegado y carismático sindicalista Clotario Blest.

Con la perspectiva del tiempo a Alessandri se lo asocia a su obra y al temple moral que la inspiró, porque fue incansable y severo en la fiscalización y no trepidó en alejar a los que obstaculizaban la solución de los problemas nacionales. No obstante se le exigía mucho más, porque se lo había elegido por su competencia en materias económicas y financieras. Alessandri se defendió argumentando que no podía hacer más sometido a la presión de los mismos partidos que lo habían apoyado y a mecanismos constitucionales que le ataban las manos. Tras esta autocrítica tomó distancia de los sectores que lo habían llevado a la presidencia, en especial de los grupos empresariales más favorecidos durante los años 59-62, cuando la industria aumentó su producción en un 39,3% y la minería del cobre en un 23%. Aunque durante su gobierno se elevó notablemente la extracción de petróleo, la producción de trigo aumentó en 11,21% y la de leche un 10,8%, globalmente estas cifras aparecían rezagadas con respecto al incremento de la población. La excepción fueron los productos del mar. Se duplicó el consumo interno y se triplicó la exportación. Pero la simple comparación de los resultados conseguidos por algunas empresas con el ingreso de los trabajadores plantea la hipótesis de que el crecimiento industrial no implica necesariamente un mejoramiento social si no operaran simultáneamente modificaciones en la distribución del ingreso. De echo el gobierno de Alessandri desarrolló una reforma tributaria, pero no alcanzó a ponerse en vigencia durante ese mandato.

Los éxitos de este gobierno no conducían a la anhelada paz social. Las medidas para estabilizar los precios y los sueldos, y mantener una moneda estable, fueron combatidas tenazmente por los sectores asalariados y la clase media. Protestas sindicales aparecían por todos lados y una ola de huelgas y paros se produjeron cuando el ministro de Hacienda intentó fijar el aumento máximo de las remuneraciones en un 10%, en circunstancias que el índice del costo de la vida era muy superior. En septiembre de 1962 se encontraban en huelga más de 150 mil obreros, profesores, empleados, estudiantes y otros, quienes pedían el termino de la "dictadura económica"

Los políticos de centro y de izquierda aprovecharon para proyectarse en vistas a las parlementarias del 61, donde el Partido Comunista fue proporcionalmente el más favorecido. La Democracia Cristiana ganó también muchos adherentes, especialmente entre la juventud y los nuevos profesionales.

Hacia finales de su mandato, conservadores, liberales y fracciones del radicalismo, se unieron en un Frente Nacional Antimarxista para combatir a la izquierda, que organizada en el FRAP se había convertido en un férreo opositor a las medidas de Alessandri. Por su parte, la Falange y el Partido Social Cristiano, ahora unidos como Partido Demócrata Cristiano, iniciaron su propia carrera presentándose como un sector moderado cuyas propuestas en la práctica no diferían mucho de las del FRAP. Distribución de la tierra con equidad entre los que realmente la trabajaban, limitando la propiedad a 80 hectáreas de riego, la necesidad de dar un techo propio a todos los chilenos mediante ambiciosos planes de construcción masiva y nacionalización de la gran mineria, especialmente del Cobre.

Entre tanto, un grueso sector del radicalismo continuaba apoyando las medidas gubernamentales, desoyendo el descontento popular y preparándose para las elecciones de 1964, en las cuales el Frente Nacional Antimarxista lanzaría como candidato a Julio Durán, con la esperanza de que la Democracia Cristiana se les uniera oponiéndose al FRAP. Pero a la luz de los resultados de una elección complementaria en el centro del país para reemplazar a un diputado que había fallecido, y que adquirió el carácter de plebiscito, se vio que habían dos grandes fuerzas con posibilidades de elegir al próximo presidente: la Democracia Cristina y la izquierda agrupada en el FRAP. Entre ambas fuerza, la derecha se plegaría a la Democracia Cristiana, a la que veía como un "mal menor"

En síntesis, y con todos los problemas propios de cualquier período y en especial de esos convulsionados años sesenta, los historiadores parecen coincidir en que Jorge Alessandri hizo un gobierno más que aceptable.

2.- Elecciones de 1964 y Gobierno de la Democracia Cristiana
En vistas de estas elecciones los sectores más conservadores de la política chilena iniciaron una agresiva campaña publicitaria para asustar a la población ante el inminente «peligro comunista», campaña ilustraba con calaveras, mujeres siendo despojadas de sus niños y horribles escenas de lo que supuestamente estaba ocurriendo en Cuba o de los tanques Rusos entrando a Praga. Este campaña que pretendía convencer al país que se encontraba ante la disyuntiva de escoger entre la democracia y la vida o el comunismo y la muerte, fue conocida como «campaña del terror».

Tres candidatos concurrieron a las elecciones: Salvador Allende Gossens por el FRAP, Julio Durán, por el Frente Democrático y Eduardo Frei Montalva por la Democracia Cristiana. Ante el desconcierto generalizado por el posible triunfo de la izquierda, algunos sectores del Partido Radical se plegaron a Allende, mientras que importantes grupos de derecha apoyaron al candidato de la Democracia Cristiana. En un clima de inquietud y violencia, el 4 de septiembre de 1964 se realizaron las elecciones y arrojaron los siguientes resultados:

2-1.- La Revolución en libertad
Aunque contaba con una mayoría abrumadora, Eduardo Frei Montalva —líder de la Democracia Cristiana e ideólogo de la «Revolución en Libertad», política en la que basaría su gobierno— inició su período con minoría en ambas Cámaras; sin embargo la Democracia Cristiana había llegado al poder sin necesidad de hacer ninguna concesión a otros partidos y en las elecciones parlamentarias de marzo de 1965, logró una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados; no así en el Senado; por lo tanto, para llevar a cabo su plan de gobierno, Frei tuvo que actuar con suma cautela a fin de lograr que sus proyectos fuesen refrendados por la Cámara Alta.

El programa de gobierno de Frei se centraba en lo que se denominó «plan de promoción popular», que contemplaba, en el campo social, un agresivo proyecto de disminución del analfabetismo, que en ese momento ascendía al 16 por ciento de la población, y en la creación de una Consejería Nacional de Promoción Popular que desarrollara mecanismos de organización de la ciudadanía, principalmente a través de cooperativas, Juntas de Vecinos y Centros de Madres. En el terreno económico, este plan contemplaba la profundización de la Ley de Reforma Agraria y la «chilenización» de la gran minera del cobre, considerada por el presidente la «viga maestra de la economía», rubro que debía financiar los vastos programas sociales de su mandato.

2-1-1.- La Reforma Agraria
Si bien el gobierno de Alessandri había promulgado la Ley de Reforma Agraria, ésta se había llevado a cabo con suma timidez. En este campo, el plan de Frei requería de una reforma constitucional que definiera claramente la función social de la propiedad y, segundo, permitiera al Estado el pago diferido de las expropiaciones. La consulta al Senado se realizó en 1965, pero éste sólo aprobó las reformas, gracias al apoyo de la izquierda, en julio de 1967. A partir de ese momento se aceleró el proceso, expropiándose 1.319 fundos con una superficie aproximada de 300.000 hectáreas de riego y 3,1 millones de hectáreas de secano, lo que permitió la creación de 910 «asentamientos campesinos» para 29.139 familias. Este proceso fue criticado por la izquierda, que consideraba que el problema del latifundio aún no se había resuelto y que, por lo tanto, la política gubernamental de Reforma Agraria era insuficiente. Por su parte, la derecha, directamente afectada por este proceso, centró sus críticas en la excesiva burocracia y tardanza en el pago diferido de las expropiaciones.

2-1-2.- Chilenización del cobre
Este programa condujo, de un modo gradual, a la adquisición estatal del 51% de la gran minería del cobre. A través de una inversión del orden de los 650 millones de dólares, se pretendía, por una parte, que el Estado chileno aumentara la producción y refinara el metal en el país, y por otra, se buscaba incorporar a Chile en la comercialización del cobre en el extranjero. Y mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores. La izquierda, sin embargo, se opuso en las discusiones parlamentarias, por considerarla una medida insuficiente ante las graves necesidades económicas que afligían a la población.

El proceso se realizó en dos fases. «chilenización del cobre», la primera, a partir de 1965. Consistió en tres acuerdos que condujeron a la adquisición del 30% de las acciones de Minera Andina, quedando el 70% restante para Cerro Corp. La compra del 25% de las acciones de la mina Exótica, propiedad de The Anaconda Company, y a la suscripción de un acuerdo con la Braden Copper, para la adquisición del 51% de las acciones del mineral El Teniente, que había sido traspasado a la empresa Kennecott Co.

La segunda fase, o «nacionalización pactada del cobre», llevada a cabo a partir de 1969, contemplaba la adquisición del 51% de las acciones de The Anaconda Company (minerales de Chuquicamata, El Salvador y Potrerillos), y la adquisición pactada del restante 49% en 1972, ya en el siguiente período presidencial.

La Corporación del Cobre, (CODELCO), pasó a responsabilizarse por las ventas y producción del mineral y, gracias a una política de liberación de impuestos para la importación de maquinarias, la pequeña, mediana y gran industria del cobre logró modernizar sus instalaciones y yacimientos.

2-1-3.- Política educacional del gobierno Demócrata Cristiano
Para entregar un educación mejor adaptada a la realidad chilena y a los tiempos, la educación primera se prolongó dos años. De seis a ocho. Gratuita en los establecimientos fiscales. Y se la llamó Enseñanza Básica.

La educación secundaria se dividió en dos áreas: científico-humanista y técnico-profesional y se redujo de 6 a 4 años, llamándola Enseñanza Media.

El 22% del presupuesto nacional se destinó a la educación, lo que permitió levantar 2.987 escuelas nuevas durante este período.

Las matrículas de enseñanza básica aumentaron  un 46%, y los matriculados en la enseñanza media se duplicaron.

El 70% de los profesores de la Enseñanza Media recibieron cursos destinados al estudio de los problemas relacionados con la orientación vocacional de los educandos. En ese mismo contexto, se creó el Instituto de Capacitación Profesional, (INACAP), dedicado a la preparación de obreros carentes de calificación.

2-1-4.- Política económica
Durante el gobierno de Eduardo Frei se inició un proceso de integración a la comunidad comercial latinoamericana a través del Consenso Latinoamericano de Viña del Mar y luego a través de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana del Pacto Andino.

El plan de chilenización del cobre surtió los efectos esperados, y de este modo, se logró, en los seis años del gobierno de Frei, un aumento del producto geográfico bruto de un 5% y produjo a un superávit en la balanza de pagos equivalente a 168 millones de dólares en 1969, y a un descenso en el endeudamiento de 200 millones de dólares, a sólo 91 millones.

Al igual que los gobiernos anteriores, el de Frei se esforzó por frenar la inflación, la que había llegado a un 38,5 por ciento en 1964. Para ello, implementó una política de reducción gradual de los precios, que concedía reajustes similares a los del año precedente; de esta manera se logró reducir la inflación a un 17% en 1966. Sin embargo, esta política comenzó a naufragar en 1967 y la inflación aumentó a un 21,9 por ciento, desbordándose en 1968, cuando alcanzó un 27,9%, y al cerrar el período presidencial, en 1970, un 34,9%.

Estos índices se tradujeron en una seguidilla de huelgas convocadas por la Central Única de Trabajadores (CUT).

3.- Del FRAP a la Unidad Popular
Durante el mandato de Eduardo Frei se reorganizó el panorama político nacional de la siguiente forma: el radicalismo, que había continuado su política de apoyo a sectores incluso excluyentes entre sí, se separó en 1969 del ala derechista y reapareció como Democracia Radical, para luego unirse a la coalición de partidos de izquierda. Esta, por su parte, que había estado actuando hasta ese momento como Frente de Acción Popular (FRAP), se agrupa en la alianza Unidad Popular (UP), que reunía a los partidos Socialista, Comunista, Democracia Radical y al Movimiento Agrario Popular Unitario (MAPU), que había nacido en 1969 de una escisión de la Democracia Cristiana y seguía la línea del comunismo chino. La izquierda más radicalizada, estaba representada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que había nacido en la Universidad de Concepción en 1965 de la unión de grupos procedentes de las Juventudes Comunistas (JJ.CC) y del Partido Socialista. La derecha, por su parte, creó en 1966 el Partido Nacional, el cual radicalizó su oposición a las medidas sociales del gobierno de Frei.

Por otra parte, en 1968 se produjo la Reforma Universitaria, inspirada en el movimiento del Mayo Francés, que condujo al estudiantado a tener participación en los claustros universitarios.

3-1.- Pacto de garantías constitucionales
Con este marco de cambios políticos, el 4 de septiembre de 1970 se llevaron a cabo las elecciones que arrojaron los siguientes resultados:

Salvador Allende Gossens Presidente de Chile entre 1970 y 1973
Elecciones presidenciales de 1970
Partido político	candidato	votos	%
Unidad Popular	Salvador Allende	1.070.334	36,6
Partido Nacional	Jorge Alessandri	1.031.159	35,3
Democracia Cristiana	Radomiro Tomic	821.801	28,1%
Blancos y nulos		31.505
Abstención		584.958

El 7 de octubre, Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular, debió firmar con la Democracia Cristiana un Pacto de Garantías Constitucionales en un ambiente beligerante y de gran inquietud, especialmente por la antagonismo de los sectores en pugna: la Unidad Popular, el Partido Nacional, una Democracia Cristiana debilitada por su reciente escisión y un sector de extrema izquierda, el MIR; que se estaba definiendo por sus acciones armadas. El Pacto contemplaba los siguientes puntos fundamentales en la vida política y social del país: plena vigencia del Estado de Derecho; mantenimiento del ejercicio de la autoridad a través de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y preservación de su autonomía; libertad de expresión; mantenimiento de la organización y el funcionamiento independiente de los partidos políticos; preservación de la libertad de reunión, asociación y circulación; respeto a la autonomía de los sindicatos, juntas de vecinos y otras formas de organización popular; mantención del carácter pluralista y democrático de la educación primaria, secundaria y superior; consideración de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile como únicos garantes de la convivencia democrática y custodios de la seguridad nacional; respeto y mantenimiento de su estructura orgánica, jerarquías, sistemas de selección, requisitos y normas disciplinarias, asegurándoseles, además, el equipamiento necesario para resguardar el orden público y mantener la seguridad nacional, no pudiendo el gobierno destinar parte de su presupuesto a la formación de fuerzas armadas paralelas ni tampoco reorientar las actividades de las Fuerzas Armadas ni de Carabineros hacia otras ajenas a su función específica.

Debido a que Allende obtuvo un porcentaje de votos inferior al requerido, el Congreso debió ser quien lo confirmara como Presidente de la República, el 27 de octubre, con 153 votos a favor. El 3 de noviembre, asumió la presidencia de Chile comprometiéndose a cumplir con el programa de gobierno que había propuesto al electorado. Este programa, basado en un ideario que se denominó «socialismo en libertad», estaba centrado en la necesidad de disolver las estructuras del subdesarrollo en el marco institucional democrático, por medio de la utilización plena de los recursos e instalaciones ociosas o subutilizadas, con el objeto de asegurar la satisfacción de las necesidades de toda la población, sin exclusiones.

3-2.- El camino al cambio político y económico
El programa que Allende comenzó a implementar no bien asumió el poder, y que recibió el sobrenombre de «las cuarenta medidas fundamentales», puede resumirse en las siguientes grandes líneas de acción: reajuste del salario mínimo en un 66 por ciento y del sueldo mínimo en un 35 por ciento; congelamiento de precios de artículos de primera necesidad; disminución de la cesantía; programa de construcción de viviendas; control de la inflación; estimulación a la producción nacional; mejoramiento de los servicios estatales de salud; distribución gratuita de leche a infantes y escolares; creación de un sistema único de seguridad social; profundización de la Reforma Agraria; nacionalización del cobre, el salitre, y el carbón; estatización de las grandes industrias del acero y del cemento, de la compañía de teléfonos y de la banca.

Para llevar a cabo la reorganización de la economía, el programa contemplaba tres categorías de la propiedad: propiedad social (el Estado estaba facultado mediante ley, y para cada caso, a estatizar una empresa considerada de interés social); propiedad privada y propiedad mixta (el Estado participa con un porcentaje de las acciones de la empresa). Esta reorganización tripartita de la propiedad fue confirmada por el Congreso mediante una reforma constitucional en 1972.

3-2-1.- Hacia la nacionalización del cobre
Entre 1965 y 1970, el Estado chileno había obtenido créditos extranjeros por un monto de 580 millones de dólares destinados a la modernización de las empresas y de las minas; figuraba como aval de la deuda total, y había sido el único deudor que había realizado desembolsos, mientras tanto las empresas habían contabilizado ingresos por un total de 602 millones de dólares y habían acumulado una deuda de 632 millones de dólares. El programa de chilenización del cobre había pagado por las acciones adquiridas un precio muy superior al fijado en los libros de las propias empresas. Así, The Anaconda Company recibió un total de 175 millones de dólares por Chuquicamata, en circunstancias de que el valor total de la empresa fijado en libros era de 181 millones de dólares; por su parte, The Braden Company, dueña de El Teniente, cobró como The Kennecott Co. un total de 81 millones de dólares, mientras que el valor en libros era de 72 millones. Además, El Teniente, bajo la administración de la Kennecott, había obtenido créditos del Eximbank por un total de 100 millones de dólares para ampliaciones del mineral, con una cláusula que obligaba al Estado chileno a cancelar el total de la deuda en el caso de que no se cumpliera el contrato de administración.

El gobierno de Allende consideraba que el primer paso en el camino hacia la independencia económica con el exterior debía ser la nacionalización del cobre, ya que éste constituiría el «sueldo de Chile». El proceso se realizó mediante Reforma Constitucional aprobada unánimemente por el Congreso Nacional con ley de fecha 16 de julio de 1971, que fijaba la expropiación de los derechos de las empresas The Anaconda Company y Kennecott Copper Corporation, así como las minas de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente. El procedimiento y el pago de indemnizaciones a las empresas generaron conflictos en las relaciones con los Estados Unidos, puesto que contravenía el convenio establecido durante el mandato del Presidente Frei, según el cual el Estado chileno adquiriría progresivamente el porcentaje restante de las acciones de la gran minería del cobre y mientras tanto, y por un período de once años, ésta debería permanecer bajo la administración de las empresas norteamericanas en cuestión.

3-2-2.- Estatización de la banca
La Corporación de Fomento (CORFO) llevó a cabo la estatización, que contemplaba la adquisición de las acciones, y la intervención de bancos e instituciones financieras, bajo la tutela del Banco Central, de la CORFO y de la Dirección de Presupuesto, organismos que destinaron su atención a los programas del área social, aunque el gobierno tenía proyectada la creación de un «Banco Nacional» que centralizaría las operaciones financieras y el control crediticio, pero que nunca entró en funciones. El Banco del Estado, por su parte, se dedicó a los créditos agropecuarios. A fines de 1971, el gobierno tenía el control del 95 por ciento de las colocaciones y de los depósitos bancarios.

3-3.- Política social
3-3-1.- Salud
El programa en el campo de la sanidad tendía a la creación del Servicio Unico de Salud (SUS), que vincularía las actividades preventivas y las curativas apoyándose en la tesis de que la salud es «un derecho inalienable del hombre». Con este fin, el Estado realizó fuertes inversiones en equipamiento, en instalaciones, a la vez que otorgó reajustes salariales para los trabajadores de la salud, como incentivo para incorporarse a los servicios del Estado. Así mismo se implementaron diversos planes de salud infantil, materno-infantil y ocupacional. Entre los de mayor impacto, estaba el programa alimentario, que contemplaba la entrega de un medio litro de leche diario a cada niño chileno y que se cumplió en un 81,7 por ciento, distribuyéndose un total de 42.594 toneladas de leche en polvo que significaron el 1,6 por ciento del Presupuesto nacional.

3-3-2.- Educación
En este sector, la política gubernamental se centró en tres reas: educación preescolar, educación primaria o básica y educación industrial para trabajadores. En la educación preescolar, se instauraron jornadas completas para niños de entre 0 y 6 años, que incluían alimentación, educación y atención de salud. En la educación primaria, se aspiró a la obtención del cien por ciento de escolaridad para los niños de entre 6 y 14 años. Hacia fines de 1972 este objetivo se logró casi en su totalidad gracias a la creación de 230 nuevas escuelas entre las de reas urbanas y las rurales. El Estado mantuvo 6.784 colegios con una matrícula de 2,3 millones de alumnos. Como complemento, el gobierno se ocupó de actualizar a 2.000 profesores, además de los 2.600 egresados de la Dirección de Educación Primaria y Normal. Por otra parte, dotó a la población escolar de 6,5 millones de textos escolares. Para 1973, estaba previsto incorporar al sistema educacional a otros 120.000 niños m s, mediante la creación de 250 escuelas. En lo que respecta a la educación para trabajadores, hacia finales de 1972 se pusieron en funcionamiento doce escuelas vespertinas que atendían a un total de 3.306 adultos, y se logró dar enseñanza a cerca de 100.000 trabajadores como medida para eliminar el analfabetismo.

3-3-3.- Vivienda
Ante un déficit estimado en 700.000 viviendas que satisfarían las necesidades habitacionales de 3,5 millones de habitantes, el Estado ideó un programa por etapas, que incluía la urbanización de vastas reas («proyecto sitio»); la edificación estatal de viviendas y el otorgamiento de créditos para la autoconstrucción dirigida por monitores especializados («proyecto emergencia»); y el saneamiento o regulación de títulos de dominio por ocupaciones indebidas. Por otra parte, el gobierno completó casi en su totalidad el programa de construcción de viviendas inconcluso durante el mandato del Presidente Frei, equivalente a 30.418 nuevas viviendas; además, inició la construcción de 100.030 viviendas, de las cuales alcanzó a entregar 28.626. Se urbanizaron vastas reas, con 1.448.774 metros de colectores de alcantarillado, 494.271 metros de redes de agua potable, 3.634.272 metros cuadrados de calzadas, 1.172.774 metros cuadrados de aceras y 581.080 metros de soleras.

Estos proyectos masivos de edificación y urbanización se vieron obstaculizados tanto por el Congreso Nacional, que vetaba los presupuestos, como por las compañías constructoras, que se vieron afectadas por el paro de los camioneros o «paro de octubre» o que adherían a las paralizaciones en contra del gobierno.

3-4.- Conflictos políticos, sociales y económicos
El primer año de gobierno arrojó resultados positivos: el producto bruto había aumentado en un 8,6 por ciento; la inflación se había reducido de un 34,9 por ciento en 1970 a un 22,1 por ciento; la Reforma Agraria había expropiado alrededor de diez millones de hectáreas, equivalentes a casi la mitad de toda la tierra agrícola del país, conservando los propietarios, las ochenta hectáreas de riego contempladas en los gobiernos de Alessandri y de Frei. Es de destacar el hecho de que el setenta por ciento de las expropiaciones agrarias se realizaron durante el gobierno de Allende, en tanto que sólo el treinta por ciento restante se realizaron en el gobierno de Frei.

Allende con François Miterrand

Pero en 1972 la crisis se hizo sentir, a través de la restricción del crédito extranjero, proveniente especialmente de los Estados Unidos, con lo que el gobierno se vio obligado a obtener créditos en el bloque socialista. El país enfrentaba un déficit fiscal de un 41,5 por ciento; el programa de estatización se había reducido de 252 industrias del área social a sólo 91; la producción industrial había caído en un siete por ciento y los sueldos y salarios se habían reducido como medida para contener la inflación, que a mediados de 1972 llegaba a un 163,4 por ciento. En 1973 la situación se tornó intolerable, en el mes de julio la inflación había llegado a 323 por ciento. Si bien el Estado manejaba la banca, los créditos no estaban siendo utilizados en la producción sino en el consumo, de modo que la producción industrial se reduce a un tres por ciento; a pesar de controlar el 85 por ciento de las exportaciones, el sesenta por ciento de la importación y el 30 por ciento de la distribución industrial, el Estado no logra poner coto a la especulación, instituyéndose el «mercado negro» que, en la práctica, condujo al desabastecimiento incluso de artículos de primera necesidad, lo cual, a su vez, generó un creciente descontento popular que se expresaba en manifestaciones callejeras opositoras al gobierno e incluso, al enfrentamiento callejero se sectores que ya eran definitivamente irreconciliables.

En el plano político social, uno de los primeros sucesos que debió enfrentar el gobierno del presidente Allende, fue el asesinato del comandante en jefe del ejército, general René Schneider, acaecido el 22 de octubre de 1970. Este acontecimiento llevó al General Carlos Prats González, a hacerse cargo de la jefatura de las fuerzas armadas. Algún tiempo después, el 8 de julio de 1971, un segundo asesinato, esta vez del ex Ministro del Interior y ex Vice Presidente de la República, el demócratacristiano Edmundo Pérez Zujovic, marcó el inicio de la oleada de violencia en que se vio sumergido el país con el consiguiente debilitamiento de las frágiles relaciones entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular.

En marzo de 1973, la Unidad Popular obtuvo el 43,49 por ciento de las votaciones en las elecciones parlamentarias, con lo que se esperaba agilizar el desarrollo de los programas de gobierno, especialmente en lo concerniente a las estatizaciones, puesto que se enfrentaba a una creciente presión de los sindicatos. Por otra parte, la oposición sumada obtenía el 56,51 por ciento de los sufragios restantes. La Unidad Popular había gobernado con una minoría en el Senado, lo que condujo al presidente a operar con vetos al Congreso y mediante decretos con fuerza de ley, puesto que éste había impugnado sistemáticamente sus ministros hasta el punto de hacer casi flaquear el gabinete presidencial en abril de 1972.

Los disturbios, huelgas y movilizaciones generalizadas de octubre de 1972, que incluyeron a profesionales, estudiantes y obreros de casi todos los sectores de la actividad del país, motivaron al gobierno a formar, el 2 de noviembre, un gabinete cívico militar presidido por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Carlos Prats, quien asumió la cartera del Interior. Las primeras medidas de este gabinete estuvieron centradas en la restitución del orden público y en lograr el abandono de la huelga en un plazo no superior a las 48 horas, de modo de iniciar conversaciones conducentes a la resolución de los conflictos. Por su parte, el Ministerio de Hacienda, ante el desabastecimiento de artículos de toda especie y la aparición de un creciente mercado negro que se afirmaba en el acaparamiento de los mismos, propició la creación de las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP) organizaciones vecinales destinadas a cooperar con la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO) la que, a su vez, fiscalizaba la acción del comercio. Las JAP fueron duramente criticadas no sólo por la oposición, sino también por sectores de gobierno, acusadas de acciones ilegales tales como participar del mercado negro y de arrogarse funciones que por ley sólo correspondían a DIRINCO.

Vista de la Moneda durante el 11 de Septiembre de 1973

3-5.- El final de un sueño
Ante el frustrado intento de golpe de Estado del 29 de junio, conocido como «El Tancazo», el presidente Allende pidió al general Prats que asumiera nuevamente el cargo de ministro del Interior y que reorganizara un gabinete cívico militar; tarea que no pudo cumplir porque las Fuerzas Armadas se negaron a participar en el gobierno. Mientras tanto, para la ciudadanía se hacía evidente que el país enfrentaba el serio riesgo de un golpe de Estado.

En agosto de 1973, el cardenal Raúl Silva Henríquez intentó, sin éxito, lograr un entendimiento entre la Democracia Cristiana y el gobierno, que llevara a la pacificación de los ánimos. Patricio Aylwin Azócar, dirigente de la DC, rechazó la propuesta de Salvador Allende, de crear un gabinete que satisficiera a su propio partido, por considerarla una maniobra dilatoria. Por su parte, la propuesta de Aylwin, también fue rechazada por la UP, ya que implicaba la sumisión del Presidente de la República al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Ante el fracaso en las negociaciones, Allende convocó a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al director de Carabineros para conformar un gabinete que denominó «de seguridad nacional» y que asumió funciones el 9 de agosto de 1973. Tres semanas después, los comandantes en jefe presentaron al presidente sus expedientes de retiro de las Fuerzas Armadas. Allende nombró nuevos comandantes en jefe en el Ejército y la Aviación: Augusto Pinochet Ugarte y Gustavo Leigh Guzmán, respectivamente. El 11 de septiembre de 1973, encabezaban el golpe de Estado que daba fin al gobierno de Salvador Allende y a la experiencia de un socialismo en libertad.

Soldados apostados sobre el tejado de un edificio aledaño a la Moneda durante el 11 de Septiembre de 1973.

4.- El Gobierno de Facto
El 11 de septiembre de 1973 se constituye una Junta de gobierno encabezada por el general Augusto Pinochet e integrada por el general Gustavo Leigh, el almirante José Toribio Merino y el director general de Carabineros César Mendoza. En un principio la dirección de la Junta sería rotativa entre sus miembros, pero este acuerdo desapareció en diciembre de 1974 cuando el general Pinochet se autotituló Jefe Supremo del Gobierno, es decir, Presidente de la República, delegando el poder legislativo a la Junta de Gobierno. En 1978, fue removido el general Leigh y sustituido por el general Fernando Mathei. El general Cesar Mendoza renunció como miembro de la Junta y como director de Carabineros en 1985.

Entre las primeras medidas tomadas por la Junta estuvo la dictación de sucesivos «bandos», a través de los cuales fueron declarados el estado de sitio, el toque de queda, la censura de prensa, la disolución del Congreso, el receso de los partidos políticos y la prohibición de toda manifestación opositora al nuevo gobierno. Además, se suprimió la Constitución de 1925 y se la sustituyó por Actas Constitucionales. En 1980, fue dictada una nueva Constitución, o «Constitución del ochenta», sometida a plebiscito ese mismo año, que rige al país hasta la actualidad, salvo ciertas reformas llevadas a cabo por los gobiernos democráticos posteriores a 1990.

4-1.- Un viraje en la economía
El gobierno golpista reemplazó la política estatista de desarrollo, representada principalmente por la CORFO, por el establecimiento de una economía de libre mercado, propugnada por un sector de economistas vinculados a la Universidad de Chicago, conocido como «los Chicago Boys». En este modelo económico, el Estado pasa a jugar un rol subsidiario del sector privado y el desarrollo económico de la Nación a estar regido por las «leyes del mercado». En el marco de esta política económica, entre 1973 y 1980, la Junta cambió el sistema monetario de escudo a peso, mantuvo bajos aranceles para la importación y exportación de productos no tradicionales, un dólar depreciado y equivalente a 39 pesos, e inició una política de incentivo a la inversión de capitales extranjeros. Una de las primeras medidas fue el retiro, de Chile del Pacto Andino, en 1975, para poder ofrecer a la inversión extranjera las mismas garantías que a los inversionistas nacionales, lo que en la práctica se tradujo en la ausencia de restricciones a la inversión extranjera.

Entre 1974 y 1988 el gobierno procedió a otorgar facilidades crediticias y tributarias a la banca privada. El descenso de los impuestos para las importaciones hizo pasar estos tributos del 220 por ciento al 10 por ciento, con el consecuente aumento en las importaciones y la drástica reducción en los puestos de trabajo. Así mismo, y como medida tendiente a favorecer la descentralización y a dar mayor autonomía al desarrollo, se reorganizó el país en 13 regiones, dejando de lado la estructura provincial. Por otra parte, a través de la CORFO, se inició una política de desestatización de empresas, según los mecanismos de venta y «devolución» de éstas, conocido como política de «modernización del Estado». Entre 1974 y 1979 se traspasaron al sector privado, incluyendo capitales extranjeros, 486 empresas de un total de 507 empresas estatales. En 1980 sólo quedaban 15. Entre las empresas estatales que se conservaron, est la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), en particular por su aporte a la Defensa Nacional equivalente al 10 por ciento de sus utilidades anuales. Las cifras oficiales indican que entre 1973 y 1974 y 1979, la inflación decayó del 600 por ciento a un 39 por ciento. El sector de las exportaciones no tradicionales registra en 1988 un aumento del sesenta por ciento de sus utilidades.

4-2.- El modelo de los Chicago Boys
Entre 1979 y 1983 el país atravesó una grave crisis económica. Se inició con el descenso dramático de la producción industrial, que condujo a la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) a anunciar en 1980 la quiebra de 427 empresas. A inicios de 1981, Chile contaba con una deuda externa de más de 11.000 millones de dólares, lo que lo convertía en el país con la deuda externa per cápita más alta del mundo. En 1982, ante el virtual quiebre de la banca privada, el gobierno militar procedió a conceder préstamos, por intermedio del Banco Central, estimados en 5.000 millones de dólares repartidos entre 20 bancos, que se encontraban técnicamente «quebrados». Estos préstamos son conocidos hoy con el nombre de «deuda subordinada».

En junio de 1982, el Ministerio de Hacienda reconoció públicamente que el país estaba al borde de la quiebra, indicando que la deuda externa superaba los 16.000 millones de dólares, y procediendo a devaluar el peso en un 18 por ciento, con una escala de devaluación progresiva de un 0,8 por ciento diaria, si bien posteriormente procedió a «congelarlo» por un período de tres años.

A partir de 1982 comenzó un lento proceso de recuperación económica centrado principalmente en la exportación de productos no tradicionales de origen agro-forestal. En el campo agrícola se inició una agresiva política de investigación, tecnificación e industrialización del agro con miras a generar una producción competitiva en los mercados internacionales, especialmente Europa, Estados Unidos y Asia. Uno de los factores que incidió positivamente en este proceso fue, además de los bajos aranceles y franquicias tributarias, la progresiva desaparición del latifundio y su sustitución por pequeñas unidades productivas. El sector forestal se vio impulsado gracias a la inyección de capitales extranjeros y a la tecnificación de sus sistemas de producción.

Otro aspecto que incidió positivamente en la tecnificación de los procesos productivos y en el auge de las exportaciones fue la fijación de un dólar flotante a partir de 1985. Además, se reforzó la política de modernización del Estado que contemplaba la privatización de las empresas estatales y los servicios sociales, de la salud y de la educación.

Estas medidas llevaron a que la economía chilena fuera considerada a partir de 1988 sólida y rentable, lo que ha convertido a Chile en un país atractivo para la inversión extranjera.

4-3.- La otra cara del Gobierno de Facto
A partir del 11 de septiembre de 1973, el Régimen de Facto comenzó una política de persecución contra miembros del gobierno depuesto y sus simpatizantes. Fueron conminados a presentarse en el Ministerio de Defensa los miembros del gobierno del presidente Allende, sus ex ministros, dirigentes políticos, periodistas, intelectuales y otros, así como miembros de las Fuerzas Armadas leales al gobierno derrocado, bajo amenaza de prisión por desacato. Se organizaron cárceles en los cuarteles militares y campos de concentración en varios puntos del país, siendo los m s importantes: la Isla Dawson, ubicada en el Estrecho de Magallanes; el Estadio Nacional, que cobijó aproximadamente tres mil detenidos, y el Estadio Chile, ambos en la ciudad de Santiago. Otros campos de concentración fueron Tres y Cuatro Alamos, Villa Grimaldi, Tejas Verdes, Ritoque, Melinka, Chacabuco y Pisagua, situados en diversos puntos del país. Entre los cuarteles militares, se cuentan el Regimiento Tacna y la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile. En estas prisiones los detenidos fueron sometidos a torturas sistemáticas; algunos fueron asesinados, otros partieron al exilio; otros constituyen el ingente corpus de los detenidos desaparecidos. El Régimen instituyó el Servicio Nacional de Detenidos (SENDET); sin embargo, no entregaba información al público, puesto que se trataba de una repartición secreta cuya finalidad se ignora.

A poco de iniciarse el Régimen Militar, se organizó un aparato represivo dependiente del Ejército de Chile, denominado Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), bajo el mando del General Manuel Conteras Sepúlveda. Este organismo sería el responsable de llevar a cabo las prácticas de intimidación y tortura contra los civiles sospechosos de oposición al Régimen. Presionado por el escándalo internacional y las órdenes de extradición para Manuel Contreras por el homicidio en los EE.UU. de Orlando Letelier, ex ministro de Relaciones Exteriores de la UP, el Ministerio de Justicia declaró la amnistía para todos los casos de violación de los derechos humanos acaecidos entre 1973 y 1977. Así mismo, disolvió la DINA y creó, en su lugar, la Central Nacional de Información (CNI), bajo el mando del general Humberto Gordon, cuyos miembros, prácticas y procedimientos eran prácticamente los mismos de su antecesora.

Se estiman en veinte mil los civiles muertos durante 1973, en tres mil los militares. Hacia 1988 se calculaba un total de 155.000 casos de violaciones derechos humanos y de 2.400 detenidos desaparecidos a lo largo del régimen militar.

Otro organismo de inteligencia dedicado a la represión ciudadana fue la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), sindicada como responsable de las muertes de tres profesionales comunistas, o «caso degollados», que motivaron la renuncia del general César Mendoza a sus cargos de Miembro de la Junta de Gobierno y de Director General de Carabineros. Al amparo de la CNI y de la DICOMCAR, funcionaron varios grupúsculos formados por agentes de la CNI y oficiales del Ejército y de Carabineros, dedicados al amedrentamiento y homicidio impune en vastos sectores de las poblaciones marginales; entre ellos, el «Comando 11 de septiembre», especializado en ataque a poblaciones marginales, y «Los Gurkas», especializado en el ataque contra manifestaciones callejeras.

Los principales organismos que dedicaron todos sus esfuerzos a la defensa de los derechos humanos, fueron la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dependiente de la ONU, y la Iglesia Católica, que a través de la Vicaría de la Solidaridad, prestó ayuda legal y humanitaria a los detenidos y sus familiares. A través de los documentos «Reconciliación en la Verdad», emitido en el marco de la Conferencia Episcopal de 1985, y «Felices los constructores de la paz», previo a la visita Papal de 1987, los obispos cuestionaron la militarización de la vida civil y la violación de los derechos humanos, invitando a los responsables a la contrición, la declaración pública de sus crímenes y a la reparación del daño causado, así como a erradicar la violencia y las diversas formas de marginalidad acrecentadas por el sistema económico y social del Régimen: pobreza, alcoholismo, drogadicción, prostitución, tortura y exilio.

La proscripción de los sindicatos y las políticas laborales del Ministerio del Trabajo, expresadas en el documento «Plan Laboral» redactado por el Ministro José Piñera, que entregaba a los empresarios el control de las relaciones obrero-patronales, generaron el clima ideal para la reducción drástica de los ingresos de los trabajadores. Por otra parte, y ante el aumento descontrolado del desempleo que alcanzó al 50 por ciento en el sector rural y al 30 por ciento en la Región Metropolitana, el gobierno creó dos programas de empleo, el Programa de Empleo Mínimo y el Programa de Ocupación de Jefes de Hogar.

En 1983 las cifras de distribución de la riqueza indicaban que el veinte por ciento de la población se repartía el 71 por ciento del total de los ingresos; la pobreza se estimaba en un 45 por ciento, de los cuales un diez por ciento se encontraban en la miseria crítica y un 25 por ciento en la indigencia.

El sector educación sufrió graves reveses, al disminuir drásticamente la matrícula con cifras ilustrativas: en 1973 la matrícula total de la educación básica fue de 2.324.883 niños y en 1987, fue de tan sólo 2.007.503, lo que significa una merma de 1,16 millones, considerando el aumento de la población. La educación superior, por su parte, pasó de 16,4 por ciento en 1973 a 12,6 por ciento en 1986. Mientras la educación superior otorgada por las universidades estatales era privatizada con miras al autofinanciamiento, parte de la administración de la educación básica era municipalizada. Así mismo, la principal casa de estudios del país, la Universidad de Chile, cuyo Rector había sido sustituido por personeros de las Fuerzas Armadas, era desmembrada, independizando sus sedes provinciales.

En el sector seguridad social, el Gobierno Militar reorganizó el sistema de pensiones creando en 1981 las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entidades privadas en las cuales el trabajador impone según su capacidad y propia responsabilidad. Poco después, sustituyó los aparatos de salud Servicio Médico Nacional de Empleados (SERMENA) y Servicio Nacional de Salud, por las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), y por el Fondo Nacional de Salud (FONASA), respectivamente, que operan como seguros médicos según el modelo de las AFP.

5.- El camino para el Retorno a la Democracia
En la medida en que el régimen militar se afianzaba en el poder, la izquierda desarticulada y la Democracia Cristiana se reorganizaban en el exilio y dentro del país, para constituir una oposición al gobierno, apoyados por algunos gobiernos extranjeros, principalmente europeos, que rechazaban al régimen golpista. A través de este movimiento, conocido como Solidaridad con Chile, se captaban fondos para subvencionar a diversos Organismos No Gubernamentales (ONG), que prestaban ayuda social y humanitaria, realizaban investigación en el campo de las ciencias sociales, y actuaban en el ámbito de los derechos humanos.

A partir de 1983, aprovechando cierta flexibilización por parte del gobierno, se fue generando en la población un movimiento social de resistencia éste, principalmente debido a la pauperización creciente de la clase media y de los sectores m s desposeídos. Su principal expresión fueron las manifestaciones callejeras, inicialmente protestas pacíficas pero que se tornaron violentas en la medida en que el gobierno respondía con la represión de la fuerza pública. Otro mecanismo de rechazo popular al régimen fue el golpeteo de ollas al anochecer, el cual envolvía las ciudades del país en un ruido ensordecedor.

Mientras tanto, la oposición política, encabezada principalmente por la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que a partir de 1979, había comenzado un proceso de renovación ideológica, producto de las experiencias vividas, fueron esforzándose progresivamente por resolver la problemática por vías pacíficas. Finalmente establecieron una alianza con otros partidos políticos menores para impulsar el retorno a la democracia, a través de la llamada «campaña por elecciones libres».

Todas estas acciones llevaron al gobierno a anunciar elecciones para 1989, pero previamente, el 5 de octubre de 1988, se realizaría un plebiscito popular para determinar si el país quería o no extender el período presidencial de Pinochet. Si la voluntad popular indicaba se manifestaba por la negativa, el general Pinochet mantendría la presidencia hasta marzo de 1990, fecha en la que pasaría a desempeñarse únicamente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hasta 1998. El pueblo debía votar, por un «sí» o un «no» al general Pinochet. La derecha apoyó la candidatura de Pinochet, en lo que se conoció como «continuismo»; la oposición, por su parte, se agrupó en la Concertación de Partidos por la Democracia («la Concertación») constituida por los partidos Demócrata Cristiano, Socialista, Demócrata Social, la Alianza Humanista Verde y el Partido Por la Democracia (PPD). Los resultados del plebiscito, que fue observado por enviados de las Naciones Unidas, otorgaron el triunfo al «no», que contó con un 55 por ciento de los sufragios.

5-1.- Las elecciones de 1989
Tras el fracaso de Pinochet, la derecha se reorganizó políticamente. Sus principales agrupaciones fueron los partidos Renovación Nacional (RN) de centro-derecha, que sustituyó al antiguo Partido Nacional; la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el nuevo partido de centro derecha, de carácter populista, la Unión de Centro Centro (UCC).

A las elecciones, efectuadas el 11 de diciembre de 1989, se presentaron tres candidatos: Hernán Büchi, ex ministro de Economía del general Pinochet, Francisco Javier Errázuriz, fundador de la Unión de Centro Centro, y Patricio Aylwin Azócar, representando a la coalición Concertación de Partidos por la Democracia

Los resultados de la elección, presidencial y parlamentaria, fueron los siguientes:

5-2.- El gobierno de Aylwin
El gobierno del presidente Aylwin, cuyo gabinete se constituyó con políticos de la Concertación, se basó en cuatro principios fundamentales: continuidad del modelo económico instaurado por el gobierno militar, puesta en marcha de las instituciones democráticas, promoción de la justicia social y logro de la reconciliación nacional.

5-2-1.- Continuidad del modelo económico
Con el retorno a la democracia, el país gozó nuevamente de la confianza internacional que le permitió la obtención de nuevas líneas de crédito y programas donaciones, así como un nuevo crecimiento del comercio exterior; así mismo, se renovaron los esfuerzos por mejorar el comercio con los países asiáticos. Así mismo, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el gobierno logró acuerdos bilaterales con México, Argentina, Bolivia y Venezuela para desarrollar un programa de rebajas arancelarias puesto en marcha en junio de 1991, e inició conversaciones con Colombia y el Brasil para el mismo propósito. Por otra parte, el gobierno inició la construcción de un oleoducto entre Argentina y Chile que uniría las ciudades de Neuquén y San Vicente, respectivamente. Así mismo, inició las conversaciones con esa República para la construcción de un gasoducto que proveer a Chile de gas natural para consumo urbano e industrial.

Por otra parte, el gobierno logró postergar el vencimiento de los pagos de la deuda externa, que en 1991 alcanzaba a los 18.000 millones de dólares, y creó una serie de Bonos que fueron vendidas a un Club de Bancos extranjeros por un monto de 320 millones de dólares.

Al finalizar su mandato, el Producto Geográfico Bruto (PGB) había crecido en un 10,4 por ciento, las exportaciones habían crecido un 12,3 por ciento real y la inflación se había reducido a un 12,7 por ciento anual en oposición al 39 por ciento heredado del r,gimen militar. Por otra parte, el gobierno se esforzó en impulsar el ahorro nacional, lográndose en este sentido una tasa de ahorro del 18,7 por ciento del PGB, mientras que el ahorro total nacional de la década de los ochenta no superó el 9,5 por ciento del PGB. Así mismo, el gobierno cerró con un superávit en la balanza de pagos equivalente a 2.500 millones de dólares, en tanto que la inversión en capitales fijos había crecido hasta llegar a un 23,3 por ciento del PGB, de los cuales el 5 por ciento correspondió a inversión pública, el 14,8 por ciento a la empresa privada y el 3,5 por ciento restante a inversionistas extranjeros. Por su parte, el empleo había descendido a menos de un 5 por ciento, el salario mínimo había ascendido a un 27,8 por ciento real y se había rescatado de la extrema pobreza y de la marginalidad a un total de 700.000 pobres. Sin embargo, a pesar de estas cifras alentadoras, la distribución de la riqueza continuó siendo desfavorable para aproximadamente un tercio de la población.

5-2-2.- Puesta en marcha de las instituciones democráticas
           y promoción de la justicia social

En este sentido, el gobierno de Aylwin se esforzó en profundizar las instituciones democráticas, mediante la descentralización regional y comunal del país. Para ello se creó tanto el rol de los Concejales Municipales, quienes integrarían los Concejos Municipales y cuyas elecciones se llevaron a cabo el 28 de junio de 1992, entrando en funciones el 26 de septiembre de ese mismo año, como el de los Concejales Regionales, cuyas elecciones se efectuaron el 3 de abril de 1993, constituyéndose los Concejos Regionales el 23 de abril de ese mismo año. En ambas instancias la Concertación obtuvo amplia mayoría. Sin embargo, este esfuerzo por fortalecer las instituciones democráticas se vio obstaculizado cuando en 1992 el Senado se negó a aprobar el proyecto de reforma constitucional que eliminaba la figura de los senadores designados, según la cual pasarían a formar parte de dicha bancada los ex presidentes de la República, de la Corte Suprema y los ex jefes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

Así mismo, en un esfuerzo por integrar a la institucionalidad democrática sectores largamente olvidados y promover la justicia social, el gobierno creó en 1990 el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), dependiente del Ministerio de Planificación y Cooperación, en cuyo programa inicial desarrolló los siguientes planes y programas: Centro de Información de los Derechos de la Mujer, Plan Nacional de Apoyo a las Mujeres de Escasos Recursos, Programa Nacional de Apoyo a Mujeres Jefas de Hogar, Programa de Capacitación para el Trabajo, Programa de Centros de Atención de Hijos de Trabajadoras Temporeras, y el Programa Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar. En el mismo sentido, el gobierno creó el Instituto Nacional de la Juventud (INJ), también dependiente del Ministerio de Planificación y Cooperación, dedicado al estudio, puesta en marcha en marcha y desarrollo de políticas sociales dedicadas a los jóvenes, entre las que se cuentan políticas de capacitación y servicio social, y de recreación y uso del tiempo libre para jóvenes de alto riesgo.

En el plano de la educación, el gobierno inició un doble programa de mejoramiento de la misma. Por una parte, creó el Programa de Modernización de la Escuela Media Técnico Profesional y Capacitación de Jóvenes, centrado básicamente en asegurar la inserción laboral de los educandos y que fue dividido en tres subprogramas: Programa de Emergencia, en el que el gobierno contó con el apoyo de donaciones extranjeras procedentes de España e Italia por un monto total de 4 millones de dólares, y una línea de crédito de 12 millones de dólares abierta por el gobierno italiano, ambas con el objeto de financiar programas de modernización, recuperación, e implementación de equipos, así como el mejoramiento de infraestructura; Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Enseñanza, donde el gobierno se abocó a la tarea de articular la curricula de la educación municipalizada con las exigencias de los sectores productivos y empresariales, adquisición de equipos y perfeccionamiento docente; y el Programa de Capacitación de Jóvenes Desocupados, en coordinación con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y el Instituto Nacional de la Juventud, centrado en integración de los establecimientos educacionales sobre la base de la modernización de equipos, talleres y laboratorios, optimizando el uso de esos recursos. Estos programas resultaron exitosos en la medida en que al finalizar el gobierno de Aylwin, las matrículas en el campo Técnico profesional se habían incrementado casi en un 30 por ciento, en tanto que las matrículas en el campo científico humanista habían descendido en un 24 por ciento. Por otra parte, el gobierno creó el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (Proyecto MECE), dividido en los siguientes planes: un Programa de 900 Escuelas, dedicado al perfeccionamiento docente y al mejoramiento de infraestructura y mobiliario, por un monto de 4.600 millones de dólares y que cubrió las necesidades de 1.400 escuelas de enseñanza básica y media a lo largo del país; un Programa de Educación de Adultos, dedicado a la alfabetización y a la creación de 23 centros integrados de educación de adultos, cubriendo una demanda de 25.000 adultos de regiones; un programa de adquisición y donación de textos escolares para la educación municipalizada, que sólo en el primer año significó una inversión de 837.380 millones de pesos, y que al final del gobierno había llegado al 100 por ciento de los textos de uso escolar entre tercer año básico y cuarto año de enseñanza media; y un programa alimentario en conjunto con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) por un total de 800 mil raciones de desayunos y almuerzos escolares. Finalmente, en el campo de la educación parvularia y preescolar, el gobierno finalizó con la atención a un total 123.534 niños a lo largo del país y con la creación de 526 Centros Abiertos para el cuidado de los niños de madres jefes de hogar.

En el campo de la vivienda, el gobierno obtuvo Fondo Internacional para la Vivienda por un total de 41.686.509 millones de dólares en donaciones procedentes de Dinamarca, Holanda, Suecia, Noruega e Italia, gracias al cual el gobierno otorgó un promedio anual de 90 mil viviendas, pavimentó 600 kilómetros y construyó 500 kilómetros de calles, dejando iniciado un agresivo plan de satisfacción de las necesidades de vivienda del país que habría de continuar el siguiente gobierno.

En el campo de la salud, el gobierno entregó 3 nuevos hospitales ubicados en regiones e iniciado la construcción de otros cuatro, desarrolló programas de mejoramiento de los servicios de urgencia y de la atención primaria por un monto de 75 millones de dólares obtenidos de fuente bilateral y de 150 millones de dólares procedentes del Banco Mundial.

5-2-3.- La reconciliación nacional
El gobierno democrático abocó sus esfuerzos a reencauzar las relaciones cívico-militares. Por una parte, mediante la lucha contra el terrorismo, a través del Consejo de Seguridad del Estado, con la cooperación de Carabineros y la Policía de Investigaciones; por otra, mediante el estímulo a los Tribunales de Justicia para sancionar los delitos de violaciones a los derechos humanos. Para ello, se constituyó la Comisión Rettig, dedicada a investigar las denuncias al respecto, centrada en los casos de detenidos desaparecidos y que evacuó sus informes en marzo de 1991. Como resultado de esta gestión, el 8 de febrero de 1992 el gobierno creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación destinada a la otorgación de reparaciones a los familiares de las víctimas. Por este medio se beneficiaron un total aproximado de 4.100 familiares entre cónyuges, madres, padres e hijos de las víctimas. Así mismo, gracias a la reforma constitucional que otorgó al Presidente de la República el derecho a Indulto, el presidente Aylwin indultó a 141 presos políticos con remisión o conmutación de las penas y liberó a otros 224.

Por otra parte, en agosto de 1990, el gobierno creó la Oficina Nacional del Retorno (ONR), dependiente del Ministerio de Justicia, dedicada principalmente a la tramitación expedita de la recuperación, en el caso de los chilenos exiliados, y obtención de la nacionalidad, en el caso de cónyuges y familiares habidos en el extranjero; a otorgar asistencia jurídica, a facilitar la reinserción laboral y educacional, a otorgar equivalencia de títulos profesionales y a otorgar asistencia en salud mental a los retornados. A fines de 1993 habían retornado un poco m s de 40 mil personas de las 250 mil que se calcula que abandonaron el país rumbo al exilio.

5-3.- Continuación del proceso democrático
La voluntad democrática se mantuvo en las elecciones municipales de 1994, en las que «la Concertación» triunfó por amplia mayoría. Mediante reforma constitucional, se redujo el período presidencial estipulándolo en cuatro años y se convocó a elecciones presidenciales en diciembre de 1993. A éstas se presentaron 6 candidatos, y los resultados fueron los siguientes:

El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (hijo del ex presidente), caracterizado por una política de continuidad con el gobierno anterior, se abocó a las siguientes tareas: asegurar el crecimiento económico, profundizar la inserción internacional del país, avanzar en la modernización del Estado y desarrollar políticas sociales dirigidas hacia los sectores más vulnerables.

5-3-1.- En pos del crecimiento, la estabilidad económica y la inserción internacional
En este sentido, el gobierno se dedicó a la tarea de lograr nuevos socios comerciales. Con este fin inició conversaciones con EE.UU., México y Canadá para asociarse a la North American Free Traite Asociation (NAFTA). Así mismo, en 1996 Chile firmó un convenio en calidad de socio con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), un acuerdo marco para asociarse en 1999 con la Comunidad Económica Europea, y pasó a integrar el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico, APEC. Por otra parte, el país pasó a formar parte de la Organización Mundial del Comercio y aumentó a 50 el total de países importadores de productos chilenos. Así mismo, Chile firmó un Convenio de Complementación Económica con Bolivia e inició conversaciones con Panamá y otros países centroamericanos. En este mismo sentido, y tras el aumento de un 134 por ciento en la inversión extranjera, Chile firmó convenios con otros veinte países en materia de promoción y protección de inversiones.

Hacia 1997 el país registraba una tasa inflacionaria promedio de un 6,6 por ciento, el ahorro público era equivalente al 5,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el superávit global sobre el mismo ascendió a un 2,2 por ciento. Por otra parte, el gasto público ascendió a sólo el 25 por ciento del PIB, en tanto que la deuda externa del sector público había descendido a poco m s de 5 mil millones de dólares. En este sentido, cabe destacar que el desempleo descendió a 5,8 por ciento, lo que implica la creación de 160 mil nuevos empleos, y que los índices de la pobreza extrema habían descendido de un 8 por ciento en 1994 a tan sólo un 6,4 por ciento en 1996.

5-3-2.- El avance en la modernización del Estado
En 1996 el gobierno inició la modernización de la justicia y, gracias al consenso en el Senado que en 1997 aprobó las reformas al proceso penal, creó la figura del Ministerio Público en la Constitución Política del Estado, la Defensa Pública y estableció un juicio oral y público ante un tribunal compuesto por tres jueces. Por otra parte, el gobierno enfrentó una difícil situación cuando, ante la evidente falta de sustentabilidad económica de la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR) y de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), procedió al cierre de la primera y a la privatización del sector de carga en la segunda. Así mismo, la casi totalidad de obras públicas emprendidas por el gobierno de Frei se realizaron por medio de licitaciones del sector privado; entre ellas se cuentan la creación de aeropuertos, mejoras en la vialidad y mejoramiento de infraestructura portuaria. Como parte de la política de construcción de una ,tica pública y de lucha en contra de la corrupción, en 1997 el gobierno creó el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno destinado a ejercer férreo control sobre el manejo de los fondos fiscales.

En diciembre de 1997, el país se volcó a las urnas para renovar el parlamento. La Concertación sufrió un revés en los resultados de las elecciones al elevar sus votaciones el partido derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) y al pasar a retiro tanto el general Pinochet, como los otros jefes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, así como el presidente de la Corte Suprema, asegurando la superioridad de la derecha en el Congreso.

5-3-3.- Continuidad de las políticas sociales
Como continuación del proceso de reconciliación nacional, los Tribunales de Justicia dictaron fallos encarcelatorios en contra del ex director de la CNI general Manuel Contreras y del coronel Pedro Espinoza como culpables del homicidio de Orlando Letelier. En un caso único en la historia chilena, el canal estatal de televisión transmitió los alegatos de los abogados ante los jueces de la Corte Suprema. Tras la elaboración de un proyecto de ley por parte de los ministerios de Obras Públicas y de Justicia, el Senado dictaminó la construcción de una cárcel especial para militares, o cárcel de Punta Peuco, situada en la localidad de Colina, en la que ambos oficiales, destituidos previamente de sus rangos, cumplen hoy sus penas.

Por otra parte, el gobierno del Presidente Frei se ha caracterizado por una agresiva campaña de erradicación de la extrema pobreza, llamado Plan Nacional de Superación de la Pobreza. Ésta puso en marcha, en una gestión interministerial, el programa Chile Barrio dedicado a mejorar la calificación técnica del casi un millón de personas que habitan en campamentos, resolver la situación de los asentamientos precarios mediante el acceso de sus habitantes a la vivienda y a los servicios básicos asociados (electricidad, agua potable, alcantarillado y equipamiento comunitario) y fortalecer el tejido social y la organización asegurando la participación de la comunidad en el diseño y ejecución de medidas destinadas a la superación de la extrema pobreza.

En el campo de la vivienda, el gobierno del presidente Frei ha continuado la política habitacional del ex presidente Aylwin, logrando un promedio de construcción de 128 mil casas anuales y aumentó la superficie de la vivienda social de 38 a 42 metros cuadrados, concentrando el 85 por ciento de sus esfuerzos en los sectores de menores recursos. Así mismo, creó el Programa de Vivienda Básica de Libre Elección que genera un mercado secundario de vivienda social al permitir la compra y venta de casas con subsidio, posibilitando así el mejoramiento de la vivienda de acuerdo a la situación de la familia propietaria.

En la enseñanza, el gobierno aumentó progresivamente el presupuesto destinado al sector, elevándolo en un 16 por ciento en 1997. Así mismo, el gobierno se esforzó por llevar a cabo una reforma del sistema educacional que contempló cuatro reas: programas de mejoramiento e innovación en la educación básica, que continúa el proyecto MECE del gobierno anterior, convierte algunas asignaturas humanísticas obligatorias en optativas (específicamente Filosofía y Sicología) e incluye la implementación de nuevas tecnologías e informática en las aulas; reforma curricular, que define los objetivos fundamentales y contenidos mínimos en la enseñanza básica; fortalecimiento de la profesión docente, que imparte cursos de capacitación para el profesorado; y extensión de la jornada escolar, que aumenta al doble el número de horas académicas de la enseñanza básica y media, lo que equivale a un total de 1.100 horas anuales en la enseñanza básica y a 1.200 en la enseñanza media. Para el financiamiento de esta última reforma, el gobierno solicitó al Congreso aprobación para mantener el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en su valor actual, equivalente a un 18 por ciento, para así poder destinar el 1 por ciento del IVA a la reforma educacional.

En el campo de la salud, la red asistencial pública implementó 7 nuevos programas: Programa de Salud del Niño, de la Mujer, del Adulto, del Adolescente, del Adulto Mayor y de Violencia Intrafamiliar. Así mismo, aumentó la inversión en infraestructura y equipamiento en un promedio anual cercano a los 32 millones de dólares. Como parte de este esfuerzo, el gobierno se ha esforzado por establecer un programa de previsión de salud a través del Fondo Nacional de Salud (FONASA) que incluya cobertura total de salud.

Bibliografía consultada ______________
Cronicón Histórico, de Mario Cannobbio.
História de Chile, de Sergio Villalobos, Osvaldo Silva, Fernando Silva y Patricio Estelle.
História de Chile, de Luis Galdames.
Distintos medios prensa y páginas electrónicas.